Premio Antonio Delgado

En el estado actual de la tecnología y gracias a Internet, determinados modelos de negocio existentes, como el streaming, la descarga directa o el intercambio mediante redes P2P, han contribuido a una mayor difusión y acceso a los contenidos protegidos por parte de los usuarios. Sin embargo, también han sido y son utilizados en ocasiones para hacer un uso ilícito de dichas explotaciones, permitiendo el acceso a contenidos protegidos sin autorización de los titulares de derechos. Por ello, cuando se pretende obtener una tutela efectiva frente a la piratería en Internet, la primera duda que se plantea es la relativa al órgano competente para resolver el asunto, cuestión que pretende resolver la obra que se presenta, tomando como referencia el sistema español. A lo largo de ella, se exponen los supuestos en que los órganos españoles, tanto de naturaleza administrativa como judicial, pueden conocer de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en internet, de acuerdo con las normas de derecho internacional privado.

El objeto del trabajo es profundizar en el régimen especial de responsabilidad que corresponde a los "prestadores de servicios para compartir contenidos en línea", esto es, las plataformas que permiten a los usuarios de sus servicios cargar y poner a disposición de otros usuarios archivos que contienen obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual. Dicho régimen es una pieza esencial de la Directiva (UE) 2019/790, sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (arts. 2 6) y 17) y también, en consecuencia, del Real Decreto-ley 24/2021, que transpuso, entre otras, dicha Directiva en nuestro Ordenamiento jurídico (arts. 66.7 y 73 de dicho RD-ley).